El testimonio del fiscal federal Hugo Cañón y de la secretaria de Derechos Humanos del ministerio de Defensa, Miriam Stella Segado, fueron coincidentes en que los casos probados de desaparición forzada durante la dictadura involucraban el asesinato de los que habían sido detenidos durante la dictadura militar y no se conocía luego su destino.
Ambos fueron convocados por la querella de la APDH para sustentar su argumentación de pedir que se juzgue por homicidio a los jefes militares de la zona.
El querellante Juan Cruz Goñi, también convocó a Néstor Rojas, un sobreviviente del régimen militar quien dio testimonio de cómo desaparecían y eran muertos los detenidos en los "pabellones de la muerte, 1 y 2" en la U9 de La Plata. El testigo señaló casos que como los de Orlando Cancio, Javier Seminario Ramos, Miguel Pincheira y José Méndez, fueron "puestos en libertad" desde el penal, y desde allí nada más se supo de ellos.
Segado discriminó que existen "más de 2.000 expedientes" en el país (documentados en el ministerio de Defensa) con la historia de desaparecidos bajo la modalidad de retirarlos como liberados PEN (a disposición del Poder Ejecutivo Nacional) de las cárceles comunes. Cifró en más de 14.000 las denuncias existentes por desapariciones en el país -muchas de esas denuncias contienen a más de un desaparecido, aclaró-, y dijo que había 5.000 registros de "ejecuciones sumarias" que no fueron catalogadas inicialmente como desapariciones; a lo que dijo que había que contabilizar las desapariciones de niños nacidos en cautiverio, que las Madres de Plaza de Mayo cifran en 500. El fiscal Cañón describió que la desaparición forzada incluía muertes de personas que eran arrojadas al mar, el asesinato con un balazo en la cabeza y luego arrojados en fosa común como NN, la escenificación de un enfrentamiento -en cuyo caso el cadáver del secuestrado aparecía en la vía pública-, la incineración de cadáveres, entre otros.
Ambos fueron convocados por la querella de la APDH para sustentar su argumentación de pedir que se juzgue por homicidio a los jefes militares de la zona.
El querellante Juan Cruz Goñi, también convocó a Néstor Rojas, un sobreviviente del régimen militar quien dio testimonio de cómo desaparecían y eran muertos los detenidos en los "pabellones de la muerte, 1 y 2" en la U9 de La Plata. El testigo señaló casos que como los de Orlando Cancio, Javier Seminario Ramos, Miguel Pincheira y José Méndez, fueron "puestos en libertad" desde el penal, y desde allí nada más se supo de ellos.
Segado discriminó que existen "más de 2.000 expedientes" en el país (documentados en el ministerio de Defensa) con la historia de desaparecidos bajo la modalidad de retirarlos como liberados PEN (a disposición del Poder Ejecutivo Nacional) de las cárceles comunes. Cifró en más de 14.000 las denuncias existentes por desapariciones en el país -muchas de esas denuncias contienen a más de un desaparecido, aclaró-, y dijo que había 5.000 registros de "ejecuciones sumarias" que no fueron catalogadas inicialmente como desapariciones; a lo que dijo que había que contabilizar las desapariciones de niños nacidos en cautiverio, que las Madres de Plaza de Mayo cifran en 500. El fiscal Cañón describió que la desaparición forzada incluía muertes de personas que eran arrojadas al mar, el asesinato con un balazo en la cabeza y luego arrojados en fosa común como NN, la escenificación de un enfrentamiento -en cuyo caso el cadáver del secuestrado aparecía en la vía pública-, la incineración de cadáveres, entre otros.
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